Modificación a Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que crea sistema de participación electoral y reglamenta consejos de juventud, ya es Ley de la República

02-mar-2018

La Ley Estatutaria 1885 de 2018, que complementa el Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013), establece la creación de un sistema político electoral para las personas de 14 a 28 años en Colombia, reglamenta la creación de consejos territoriales y Nacional de juventudes, y promueve nuevos escenarios y mecanismos de participación para este grupo poblacional. La norma fue sancionada por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, esta semana.

Esta Ley estatutaria fue producto de un esfuerzo conjunto de más de dos años entre el Ministerio del Interior, el Programa Presidencial Colombia Joven, la Comisión Accidental de Juventud de la Cámara de Representantes y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.

Entre los elementos más destacados de la Ley Estatutaria 1885 de 2018, que reforma el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, se encuentra la posibilidad para que la población colombiana, entre 14 y 28 años de edad, puedan elegir y ser elegidos en procesos electorales que permitan la conformación de consejos de juventudes municipales, locales, distritales, departamentales y nacional.

Según el DANE, en Colombia viven más de 12 millones 750 mil personas son edades entre los 14 y 28 años, grupo poblacional que la ley identifica como juventud. El Estatuto de Ciudadanía Juvenil les presta atención cuando reglamenta el ejercicio y goce pleno de sus derechos de participación, desde el fortalecimiento del Sistema Nacional de Juventud, el goce efectivo de los derechos de la ciudadanía juvenil, el fortalecimiento de las capacidades y la garantía de condiciones de igualdad para la incidencia de dicho grupo etario en escenarios sociales, económicos, culturales y democráticos para jóvenes.

Consulte aquí el texto de la Ley Estatutaria 1885 de 2018, que modifica el Estatuto de Ciudadanía Juvenil

 

Luz verde a los Consejos de Juventud

Uno de los elementos centrales de la Ley Estatutaria 1885 de 2018 es la definición de reglas para la elección de los Consejos de Juventud, que son mecanismos autónomos para la participación, concertación y vigilancia de la gestión pública, que permiten la interlocución de la juventud con otros actores sobre la agenda pública, y que sirven como canales para tramitar acuerdos sobre las alternativas de solución a las necesidades de esta población.

Las y los jóvenes entre 14 y 28 años podrán elegir y ser elegidos como consejeros de juventud en sus municipios o ciudades mediante el voto popular. El número de miembros por cada consejo de juventud dependerá de la población de cada territorio: en municipios con menos de 20 mil habitantes se podrán elegir 7 consejeros; si tiene hasta 100 mil habitantes tendrán 13 consejeros; y para ciudades con más de 100 mil ciudadanos contarán con 17 curules.

La norma establece que del total de integrantes de los Consejos de Juventud, el 40% serán elegidos por listas de jóvenes independientes; el 30% provendrán de procesos y prácticas organizativas de juventudes; y el 30% restante, elegidos de partidos o movimientos políticos con personería jurídica vigente.

Otro de los más destacables alcances de la reforma fue su enfoque diferencial y de género. Las listas para las elecciones de los consejos de juventudes serán cerradas y bajo modalidad cremallera, es decir, en las que hombres y mujeres ocupan puestos alternos. La mitad de candidaturas debe ser mujeres.

Además, en territorios donde existan organizaciones juveniles de campesinos, indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros, rom, raizales de San Andrés y Providencia, otras comunidades étnicas, y población joven víctima, habrá oportunidad para elegir un representante adicional, por cada una de estas poblaciones.

La reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil cumple con la orden constitucional que pide al Estado ampliar la inclusividad hacia la participación activa de las y los jóvenes en la vida social, económica, cultural y política, asegurándoles la posibilidad de intervenir dentro de los organismos públicos y privados que están encaminados a la protección, educación y progreso de la juventud.

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