25 de mayo: Violencia sexual, la lucha por el empoderamiento

25-may-2017

Esperanza González, especialista en justicia transicional y género del PNUD en Colombia. Foto: Freya Morales, PNUD.

Por Esperanza González, especialista en justicia transicional y género del PNUD en Colombia.

 

Desde hace 3 años y gracias a la firma del decreto 1480 del 2014, se estableció el 25 de mayo como el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno. Esta fecha fue establecida como una medida de reparación simbólica a la periodista Jineth Bedoya, quien en el año 2000 en esta misma fecha fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual.

Esta es una fecha para reconocer, dignificar y visibilizar a todas las mujeres que han sido víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual en el marco del conflicto armado, y que hoy ascienden según cifras de la Unidad para las Víctimas a 19.684 personas[1], de las cuales el 93% son mujeres.

Todas las formas de violencia asociadas a la integridad de las mujeres en este contexto reflejan, no solamente el flagelo del conflicto armado en contra de ellas, sino también su utilización como botín de guerra dentro de una estrategia que busca amedrentar y generar inestabilidad entre los diversos actores del conflicto, infundir miedo en las comunidades y establecer control territorial.

Del mismo modo, este delito revela evidentemente las desigualdades históricas entre hombres y mujeres, la discriminación de género, las relaciones desiguales de poder y la ausencia de mecanismos de protección. Del mismo modo, en las víctimas se reflejan innumerables daños físicos, psicológicos y sociales, que se traducen en el rechazo social, en la estigmatización de quienes sufren estas consecuencias y en una perdida absoluta de la autoestima.

Las cifras de la Unidad para las Victimas se pueden corroborar en un reciente informe del CICR[2], donde la mayoría de los casos nuevamente corresponde a mujeres y cuya localización geográfica se ubica en los departamentos de Antioquia con 17.7%, Magdalena 11.8% y Nariño con 6.8%.

Las dimensiones de este delito son inmensas y no estamos frente a hechos victimizantes aislados y discontinuos. Se trata de conductas sistemáticas y generalizadas por parte de todos los actores del conflicto a lo largo de toda la geografía nacional.  Por otra parte, es muy posible que el subregistro pueda arrojar casi el doble de los casos registrados, pues una de las principales características que acompaña este delito es el temor a la denuncia, los obstáculos para acceder a la justicia y los elevados niveles de impunidad.

La Corte Constitucional ha señalado que la violencia sexual se trata de un crimen perpetrado por todos los actores armados y que es “una práctica habitual, extensa, sistemática e invisible”.

Es importante reconocer y comprender que cuando conmemoramos el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno nos referimos a múltiples formas de violencia asociadas a la integridad sexual de las mujeres dentro de las cuales están, entre otras conductas, el delito de desnudez forzada, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los actos sexuales abusivos y los casos de abortos forzados.

A partir de la experiencia del PNUD trabajando con mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, estamos firmemente convencidos en la importancia de una respuesta integral que permita dar a conocer las mujeres las rutas de prevención, protección y asistencia, y que se garantice que las necesidades de las víctimas sean atendidas.

Del mismo modo, es necesario continuar apoyando los procesos de atención psico social y el trabajo de las redes de apoyo entre mujeres y sus organizaciones, pues hemos constatado que estas redes son vitales para superar las innumerables, dolorosas y difíciles secuelas de la violencia sexual en el ámbito del conflicto.

El acceso a la justicia y la participación de las mujeres víctimas de estas formas de violencia en los mecanismos de justicia transicional, fruto del Acuerdo de Paz de La Habana, son algunos de los grandes desafíos para la reparación de las víctimas y la no repetición.

 

[1] En http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV

[2] Informe del CICR: Retos humanitarios 2017 Informe Colombia: Resultados y Perspectivas