Ciudadanía Política: voz y participación ciudadana en América Latina

21-ago-2014

Portada publicación

El estudio regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, titulado Ciudadanía Política: voz y participación ciudadana en América Latina, es una publicación relevante y pertinente que bien puede examinarse a la luz del trabajo que realiza el Área de Gobernabilidad Democrática del PNUD en Colombia. En principio, se entiende la ciudadanía política (es decir, la expansión de los derechos a partir de la participación ciudadana) como un camino fundamental para la mayor satisfacción de los derechos sociales y civiles, y por lo tanto para la consolidación de la democracia plena; y es precisamente en torno a esta hipótesis que se estructuran los cinco capítulos que componen el documento.

El primer capítulo se enfoca en las instituciones políticas, la confianza hacia las mismas y la participación ciudadana. A partir del análisis de los datos de LAPOP y Latinobarómetro, se entabla la discusión sobre esta modalidad abstracta de confianza institucional (hacia los congresos, los partidos políticos, etc.) que evidencia tan bajos niveles en el contexto latinoamericano –del cual Colombia no es la excepción– y plantea como un elemento base la relación que establecen los ciudadanos con su derecho al sufragio, pues en escenarios en los que hay porcentajes altos de votación es donde se encuentran mayores niveles de satisfacción con el sistema democrático.

Ahora bien, la preocupación surge, en mayor medida, cuando la desigualdad en la participación electoral, más allá de ser producto de una decisión ciudadana, obedece a la pertenencia a una categoría social determinada. Es por esto que en el segundo capítulo se estudia el voto en función de la edad, el género, el nivel educativo, la identificación étnica y la zona habitada, y se construye el Índice de Desigualdad en el Ejercicio del Derecho a Elegir (IDEDE) para tener una aproximación cuantitativa a los fenómenos de exclusión política en la región.

Vale la pena destacar tres elementos en este capítulo que van en línea directa con el trabajo del AGD. En primer lugar, la participación política de las mujeres, no sólo en términos del sufragio femenino, sino en cuanto a la posibilidad de ser elegidas y de ejercer sus derechos políticos. Es importante el énfasis puesto en explicar la cuota como un mínimo a superar y no como un requisito a cumplir, así como en los diseños institucionales favorables a la equidad en la participación. De tal manera se examinan variables como la magnitud de los distritos electorales, el tipo de lista o la fórmula de asignación de curules, las cuales giran en la órbita de las posibles reformas políticas que se plantean para Colombia en los próximos años.

En segundo lugar, en el análisis sobre el nivel educativo, se destaca el papel crucial que tiene la educación, y por su puesto la educación de calidad, para entender y luego ejercer los derechos políticos, y se presenta como el vínculo más fuerte entre la expansión de la ciudadanía social y la ciudadanía política. Sin embargo, se señala que no siempre mayor educación implica mayor participación en elecciones; temas como el clientelismo, la cercanía entre los actores y algunas dinámicas propias de las comunidades pueden llegar a tener más peso a la hora de determinar los niveles de participación, aunque en términos generales se concluye que los ciudadanos menos educados son los más desafectos políticamente.

Finalmente, se identifica a la descentralización como una herramienta privilegiada para la expansión de la ciudadanía y el empoderamiento ciudadano, pero sin dejar de lado el proceso de construcción de una institucionalidad nacional funcional a la participación. Estos dos niveles no deben desvincularse ni descuidarse si se pretende alcanzar opciones reales de participación y representación en términos igualitarios.

Signos de la profundización democrática en América Latina

En el tercer capítulo se aborda el aumento registrado en la región latinoamericana de la participación no institucionalizada y de la acción colectiva directa (como el Movimiento Estudiantil en Chile o el Movimiento de Lucha en Contra de la Corrupción Electoral en Brasil), como mecanismos alternativos para incidir en la toma de decisiones. Frente a esta situación se plantean dos hipótesis: puede entenderse como una inadecuación de la arquitectura institucional o como una forma de llenar vacíos de los mecanismos tradicionales. Los autores apuestan por la segunda hipótesis, destacando que la protesta no es incompatible con otras formas de participación, sino que las complementa. Quienes hacen uso de estos medios no están necesariamente en contra del sistema institucional y la mediación tradicional no desaparece de la escena, lo que ocurre es que las posibilidades aumentan y se diversifican.

Adicionalmente, este incremento obedece a la pluralización de actores que han ganado espacios y, consecuentemente, han puesto sobre la mesa nuevas demandas que requieren de otros canales de expresión. Estas demandas, y las vías a través de las cuales se exteriorizan, reciben cada vez mayor aprobación y legitimación de la ciudadanía, guardando las diferencias según la situación particular de cada país. Vale decir que en Colombia, según Latinobarómetro, un 77% de los encuestados están muy de acuerdo con la afirmación de que las protestas y manifestaciones son indispensables para que las demandas sean escuchadas (siendo el segundo mayor porcentaje), y en el resto de América Latina este porcentaje oscila entre el 44% y el 85%. Lo que parece ser claro es la consolidación de la acción colectiva directa como un elemento compatible con el normal desarrollo de la democracia representativa.

El cuarto capítulo retoma el asunto de la confianza institucional, para plantear que los bajos niveles de ciudadanía social se asocian a la presencia de vínculos clientelares entre ciudadanos y partidos políticos y, de la misma manera, los altos niveles de ciudadanía social a vínculos de tipo programático, estos últimos poco presentes en la región. Ahora bien, en este punto se ofrece una respuesta adicional a los bajos niveles de confianza en las instituciones, que se atribuyen a procesos de profundización democrática y expansión de la ciudadanía política en América Latina, cuyo ejemplo claro son las movilizaciones sociales mencionadas anteriormente.

En el quinto y último capítulo se destaca el ciclo virtuoso entre ciudadanía social y gobernabilidad democrática, el cual se reconoce como la base de los avances logrados regionalmente en la última década (altamente relacionados con el crecimiento en el ingreso per cápita y especialmente con el aumento del gasto social per cápita) y sobre el que es necesario apoyarse para seguir avanzando. Esto requiere un esfuerzo conjunto en distribución del ingreso, políticas públicas sociales y derechos políticos.

Se concluye entonces que es clave trabajar en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, específicamente en lo respectivo a la participación y la inclusión, para poder responder a las demandas ciudadanas, tradicionales y nuevas. Un camino es la expansión de los mecanismos institucionales dispuestos para la interacción entre el Estado (en sus distintos niveles) y la ciudadanía, lo cual puede apoyarse en la transferencia de aprendizajes y buenas prácticas a partir de experiencias internacionales. Esto conduciría a una repolitización de la sociedad, que puede derivar en un escenario más dinámico en términos programáticos y en una ampliación y profundización de los derechos políticos, que se replicaría en la en el mismo sentido en los derechos sociales y civiles.

PNUD En el mundo

Estás en PNUD Colombia 
Ir a PNUD Global

A

Afganistán Albania Algeria Angola Arabia Saudita Argentina Armenia Azerbaiyán

B

Bahrein Bangladesh Barbados Belarús Belice Benin Bhután Bolivia Bosnia y Herzegovina Botswana Brasil Burkina Faso Burundi

C

Cabo Verde Camboya Camerún Chad Chile China Chipre Colombia Comoras Congo (República del) Congo (República Democrática del) Corea (República Popular Democrática de) Costa Rica Côte d'Ivoire Croacia Cuba

D

Djibouti

E

Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Arabes Unidos Eritrea Etiopía

F

Filipinas

G

Gabón Gambia Georgia Ghana Guatemala Guinea Guinea Bissau Guinea Ecuatorial Guyana

H

Haití Honduras

I

India Indonesia Irán Iraq

J

Jamaica Jordania

K

Kazajstán Kenya Kirguistán Kosovo (según Res 1244 del Consejo de Seguridad ONU) Kuwait

L

Lao RDP Lesotho Líbano Liberia Libia

M

Macedonia (ex República Yugoslava de) Madagascar Malasia Malawi Maldivas Malí Marruecos Mauricio y Seychelles Mauritania México Moldova Mongolia Montenegro Mozambique Myanmar

N

Namibia Nepal Nicaragua Níger Nigeria

O

Oficina del Pacífico

P

Pakistán Panamá Papua Nueva Guinea Paraguay Perú Programa de Asistencia al Pueblo Palestino

R

República Centroafricana República Dominicana Rusia Federación de Rwanda

S

Samoa Santo Tomé y Príncipe Senegal Serbia Sierra Leona Siria Somalia Sri Lanka Sudáfrica Sudán Sudán del Sur Suriname Swazilandia

T

Tailandia Tanzania Tayikistán Timor-Leste Togo Trinidad y Tobago Túnez Turkmenistán Turquía

U

Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán

V

Venezuela Viet Nam

Y

Yemen

Z

Zambia Zimbabwe