Empleabilidad y Emprendimiento para familias rurales víctimas del conflicto armado – “Somos Rurales”

¿De qué se trata el proyecto?

Objetivo

Objetivos Campesinos víctimas del conflicto

Con base en el rol asignado a cada ministerio por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011), el proyecto “Somos Rurales” en alianza con el Ministerio del Trabajo tiene el objetivo de diseñar una ruta de generación de empleabilidad y empleo rural, a través de procesos de emprendimientos para víctimas.

En particular, se busca promover estrategias de empleo productivo y trabajo decente para 2830 familias rurales víctimas del conflicto armado, como aporte al crecimiento económico inclusivo y sostenible, a la reducción de la pobreza y la inequidad a nivel nacional, y a la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres rurales.

Lineas de acción

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Por el medio de Acuerdos de Subsidio (grants) con asociaciones locales de productores rurales y de víctimas, buscamos fortalecer las capacidades organizativas, productivas y empresariales de las familias víctimas para la implementación de emprendimientos productivos sostenibles ambiental y financieramente. En el marco de modelo del Desarrollo Económico Incluyente (DEI), promovemos sistemas productivos de corto, mediano y largo plazo, así como actividades rurales no agrícolas (turismo comunitario, talleres de Luthería) para asegurar tanto la seguridad alimentaria como la generación de ingresos estables y sostenibles. Paralelamente, impulsamos alianzas comerciales con el sector privado para la integración de los pequeños productores víctimas a mercados dinámicos y fortalecemos la institucionalidad pública local en el diseño e implementación de políticas de desarrollo rural para víctimas del conflicto armado.

En síntesis, el proyecto se articula en dos componentes principales:

1.     Emprendimientos rurales inclusivos (que se implementan a través de 3 estrategias: a. Fomento de Emprendimientos Rurales Inclusivos; b. Gestión Integrada del Recurso Hídrico y; c. Construcción y Fortalecimiento del Capital Social)

2.     Fortalecimiento institucional e incidencia en políticas públicas (Fomento de entornos de inclusión socioeconómica sostenible para víctimas del conflicto; Gestión y transferencia del conocimiento).



Cobertura

Montes de María (Sucre y Bolívar), Cesar, Magdalena, Cauca, Nariño, Antioquia (Urabá y Oriente Antioqueño) y Arauca

¿Cuáles son los desafíos?

En Colombia el conflicto armado interno ha generado profundos costos económicos y sociales para el país y sus habitantes, con mayor crudeza en los territorios rurales.

La Primera Encuesta Nacional de Víctimas, realizada por la Contraloría General de la República en 2013, evidenció la grave situación socioeconómica en la que se encuentran las víctimas. En particular, la población víctima presenta mayores niveles de pobreza e indigencia que el resto de la población colombiana, afectaciones materiales en los medios de vida (empleo, bienes muebles o animales, vivienda, tierra, etc.) y afectaciones mentales.

Con la expedición de la Ley 1448 de 2011 “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, el Estado Colombiano se impuso el reto de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral en el marco de una Política Nacional de Estabilización Socioeconómica de la Población Víctima del Conflicto.

¿Cuáles son los resultados?

  • 8.992 personas (47% mujeres/53% hombres) pertenecientes a 2.287 familias rurales víctimas reparadas en su derecho al trabajo y aportando al desarrollo rural de territorios altamente afectados por el conflicto.
  • 3.257 empleos rurales equivalentes para víctimas del conflicto generados.
  • 296 jóvenes rurales formados y con contrato anual como técnicos y gestores locales del desarrollo económico rural.
  • Incremento significativo de los ingresos de las familias, a través del desarrollo de negocios rurales innovadores, como cafés especiales, turismo rural, cacao fino de aroma y jugos naturales.
  • 700 (est.) mujeres cabeza de hogar han sido vinculadas a la ruta de empleabilidad y emprendimiento del proyecto.
  • 30 empresas del sector privado como aliados comerciales para la compra de las cosechas y servicios que ofrecen las familias víctimas del conflicto armado.
  • Las comunidades campesinas afectadas por el conflicto armado están logrando reconstruir su tejido social y recuperar su confianza en el sector rural para su desarrollo humano sostenible.

Alianzas

El socio principal en la implementación del proyecto es el Ministerio del Trabajo. Además, construimos alianzas y colaboraciones con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para la reparación a víctimas en condición de discapacidad; así como con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Programa Familias en su Tierra y la Red UNIDOS de Prosperidad Social, con Gobernaciones y Alcaldías, Gremios del Sector Agropecuario, de Empresarios Privados y organizaciones de víctimas rurales.

Implementador

El PNUD realiza la implementación, gestión del proyecto y el acompañamiento técnico

Financiamiento

Entidad
Total
Ministerio del Trabajo US$ 4.152.282 (2016-17)