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Repensando la gestión del riesgo a desastres en Colombia

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Por Jairo Bárcenas, Coordinador nacional proyecto gestión del riego de desastres, PNUD en Colombia.

Así las cosas, los escenarios de riesgo en Colombia están creciendo más rápido que las acciones dirigidas a no generarlos o a mitigarlos, y dadas las condiciones de vulnerabilidad urge de forma prioritaria repensar sobre la manera cómo se está haciendo la gestión del riesgo en el país”.  Jairo  Bárcenas, Coordinador nacional proyecto gestión del riesgo de desastres.

En Colombia la recurrencia, afectación y pérdidas de personas, bienes, servicios ecosistémicos, entre otros, originadas por la materialización de fenómenos de origen natural y socio natural son cada vez más fuertes y costosas, no solo para los afectados sino para el país en general.

Solo en la primera temporada de lluvias del 2017 se han registrado más de 516 eventos entre los meses de marzo a mayo, de los cuales se destacan: 217 inundaciones, 177 deslizamientos, 56 vendavales, 39 crecientes súbitas, 13 avenidas torrenciales, 11 tormentas eléctricas y 3 granizadas, afectando a más de 23.000 familias en 307 municipios a nivel nacional.  

En estos 5 meses la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- ha hecho inversiones por más de 13 millones de dólares  para atender las múltiples emergencias y desastres que se han presentado a la fecha. Esto sin contar las inversiones que hay que hacer para recuperar la producción agrícola, pecuaria, industrial, servicios, transporte, daños emergentes y el lucro cesante de la población afectada, representa una importante carga fiscal para el país.

Del manejo de desastres al conocimiento y la reducción de riesgos

Los acontecimientos y pérdidas presentadas en Mocoa, Manizales, Quibdó, Barranquilla, Bogotá D.C, Cartagena, Riohacha, Villavicencio, entre otros, y esto solo en 60 días, nos deja más preguntas que respuestas.

Después de 5 años de la sanción de Ley 1523 de 2012 (Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres), nuevamente se ha caído en afianzar el manejo de los desastres y no en los procesos de conocimiento y reducción del riesgo.

En esto hay varios ejemplos:  los Planes de Ordenamiento no están hechos con la robustez técnica necesaria para incorporar la gestión del riesgo de desastres que permita tomar decisiones efectivas frente al uso y ocupación del territorio. El 63% de los POT del país no han sido actualizado y el 82% no han incorporado de forma efectiva la gestión del riesgo en los mismos.

De igual manera, el trabajo de las CARs con relación a la gestión ambiental y prospectiva del territorio requiere de una mirada integral de la gestión del riesgo de desastres que construya resilencia en los territorios basada, entre otros, en los estudios sobre cambio climático y variabilidad climática generados en el país.

El país debe discutir si necesita nuevas normas para optimizar la gestión del riesgo o promover la efectiva aplicación de las existentes, con las respectivas consecuencias penales, fiscales, administrativas y jurídicas a los responsables por su deficiente implementación, aunado a la necesidad prioritaria de garantizar que las instituciones del orden nacional, departamental y municipal generadoras de conocimiento y alertas con relación a la GRD, hagan su trabajo de forma efectiva.

Esto quiere decir que los gobernantes municipales tengan más control de su territorio para evitar la ocupación en zonas ya identificadas como de alto riesgo de desastres y se inviertan recursos técnicos y financieros suficientes para la reducción del riesgo a nivel nacional, departamental y municipal.

Además de promover una mayor conciencia en las comunidades para que sean gestoras de su propio riesgo. Pero al final, si no se superan problemas estructurales como el de la pobreza, desplazamientos, informalidad en la construcción, en la ocupación y uso del suelo se configurarán permanentemente escenarios perfectos para los desastres.

Repensar la gestión del riesgo en el país

La situación hoy por hoy, deja mucho que pensar y obliga a actuar de forma propositiva. El IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia), como la Procuraduría, han indicado el alto grado de vulnerabilidad que tiene el país a ser afectado por desastres de grandes dimensiones.

Según el último reporte del IDEAM alrededor de 500 municipios están en riesgo por deslizamientos e inundaciones, de los cuales 182 municipios están en una situación compleja en categoría de alerta naranja a roja; más de 2.440 cabeceras urbanas en alrededor de 385 municipios están vulnerables a inundaciones y avenidas torrenciales, esto significa, que el 28% de la población colombiana puede verse afectada por un desastre, de la cual, el 46% registra problemas serios de pobreza.

Lo anterior se agudiza cuando la Procuraduría afirma que tan solo 15 de los 32 departamentos cuentan con planes departamentales de gestión del riesgo de desastres y 404 de 1.102 municipios  -es decir el 36% del país- cuentan con planes municipales de gestión del riesgo de desastres.

Según cifras del Instituto de Estudios Ambientales de Colombia (Ideam) y el Global Assessmente Report on Disaster Risk Reduction (GAR 15), la recurrencia y las afectaciones de los desastres, en especial los asociados a fenómenos hidroclimatológicos,  acentuados por el cambio climático y la variabilidad climática, irán en aumento en países como el nuestro, los cuales enfrentan grandes situaciones de vulnerabilidad tanto económica, social, ambiental, e  institucional que hacen que la mayoría del territorio Colombiano esté susceptible a enfrentar, por lo menos, algún escenario de riesgo que puede causar un desastre de gran magnitud.

Así las cosas, los escenarios de riesgo en Colombia están creciendo más rápido que las acciones dirigidas a no generarlos o a mitigarlos, y dadas las condiciones de vulnerabilidad urge de forma prioritaria repensar sobre la manera cómo  se está haciendo la gestión del riesgo en el país, en aras de optimizar el diseño e implementación de medidas estructurales y no estructurales que conduzcan a una verdadera prevención y  reducción del riesgo, y que construya comunidades y territorios más resiliente, seguros y sostenibles.

Para lograrlo se necesita, por un lado, fortalecer la institucionalidad y los procesos de conocimiento, investigación e innovación para la reducción del riesgo. Lo que implica generar mayor información sobre las amenazas y vulnerabilidades del territorio que permita una mejor toma de decisiones de su uso y ocupación, diseñar alternativas de adaptación ante la variabilidad climática y cambio climático y la puesta en marcha de mecanismos de protección financiera, así como acciones de gestión ambiental y conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

De igual manera, y en el corto plazo, es fundamental actuar en prevención en las zonas de alto riesgo no mitigable, consolidar los inventarios de viviendas en zonas de riesgo y liderar acciones de reasentamiento o reubicación según sea el caso.

El PNUD Colombia ha acompañado a la institucionalidad nacional en generar lineamientos, estrategias, normas, políticas y proyectos encaminados a reducir las condiciones de vulnerabilidad social, económica, ambiental e institucional del país, pero los retos son muy grandes. Por eso, estamos empezando a discutir cómo aumentar los impactos de la gestión en el territorio y reducir el riesgo de desastres, metas propuestas en la agenda estratégica mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

En la V Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres que se realiza esta semana en Cancún, el Gobierno Colombiano exhortó a los Gobiernos del mundo para que asuman con gran vehemencia y responsabilidad la gobernanza y el fortalecimiento Institucional en este tema. El país lo necesita y el camino del dicho al hecho está lleno de retos.

Construir comunidades y territorios más resilientes y sostenibles desde lo ambiental, inclusivos y equitativos en lo social, eficaces en lo institucional, y rentables en lo económico enmarcados en modelos de desarrollo sostenible que no dejen a nadie atrás, es un compromiso que Colombia debe hacer realidad más allá de los discursos y los comunicados; de esto depende el bienestar de millones de Colombianos.

Fuente: Informe UNGRD mayo 20 de 2017.

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